La falta de confianza y garantía jurídica para la inversión extranjera se ha convertido en un elemento de gran preocupación para empresarios dominicanos y extranjeros, quienes ven como una traba para el combate a la corrupción la resistencia que mantiene el Poder Judicial para que los jueces dominicanos no puedan ser juzgado en materia penal, tal y como ocurre con senadores, diputados y demás personas en el país.
SANTO DOMINGO.- Empresarios extranjeros y dominicanos acusaron a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Luis Henry Molina; de violar la ley en materia penal, por lo cual elevaron un recurso de amparo en su contra, por denegación de justicia en un caso que lleva ya casi dos años sin que se le fije audiencia y que afecta el clima para la inversión extranjera en el país.
El recurso fue elevado por los demandantes norteamericanos Julián Rodríguez y Carol Jaramillo; Huang Kitty Qua, de China, y los dominicanos Eduardo Vásquez Matos, Julio César Núñez Alvarado, así como la empresa Continental Progreso Turístico, quienes se hicieron representar por el abogado George Andrés López Hilario, quien advirtió que en caso de no prosperar dicho recurso, el país podría quedar muy lastimado en materia de inversión extranjera, por la falta de transparencia y seguridad jurídica, y más ahora con la crisis dejada por el COVID 19.
“El cambio debe llegar al fuero del Poder Judicial, para erradicar la corrupción en dicho poder del Estado, de lo cual históricamente, gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción a lo interno del Poder Judicial, pues dichos funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito, sabiéndose inmunes al fuero penal, lo que pone de manifiesto la acción de amparo en curso; no obstante, evidencias historias de corrupción, no hay jueces sancionados penalmente, inaceptable”, indicó.
Dicho recurso también abarca al secretario de la SCJ, César José García Lucas, y al juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, a quienes además emplazan para que fijen audiencia sobre un recurso de objeción a jueces para que sean juzgados penalmente, de acuerdo al artículo 283 del Código Procesal Penal que ordena fijar audiencia en un plazo de 5 días de ser recibido.
El destacado jurista afirmó que ese retraso favorece a los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Ynoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales, así como a Marino Rosario Gullón, Lorenzo Alexander Reynoso Encarnación, Franklin Manuel Faña, Esmerlin Tejada, y demás involucrados.
“Nosotros estamos demandando que el juez Francisco Ortega fije audiencia para que se abra la puerta y que los jueces sean procesados como ocurre con senadores, diputados, que los jueces también sean juzgados penalmente”, explicó el jurista.
Advirtió que si los jueces no son juzgados esto envía una mala señal en una sociedad como la nuestra que cada día enfoca sus miradas en la transparencia, apego a la constitución, respeto al debido proceso y combate a la corrupción.
“No es justo que los abogados en ejercicio aceptemos impunidad como vía normal en el ejercicio de la profesión para poder permanecer y sobrevivir en el mercado laboral, resultando los jueces de la Suprema Corte de Justicia excluidos del fuero sancionador del Consejo del Poder Judicial, en virtud del artículo 156 numeral 3 de la Constitución y del fuero penal por pautas de los artículos 152 y 154 del Código Procesal Penal, lo que rasga el principio de igualdad, seguridad jurídica y contraviene el control de poder a que deben estar sujetos todos los poderes del Estado, lo que impide mayor auge de la inversión extranjera e inversión local en la República Dominicana”, manifestó López Hilario.