Una realidad
César Duvernay
Con el tema de la mortalidad materna, el presidente Luis Abinader ha mostrado una triste realidad, que aparte de afectarnos en términos estadísticos, también desnuda el pesado fardo que ha tenido que llevar República Dominicana como consecuencias de las debilidades sanitarias de Haití.
La revelación hecha por el mandatario de que el 48 por ciento de las mujeres fallecidas en labores de parto en nuestro país corresponden a nacionales haitianas, no puede pasar desapercibida por la comunidad internacional, que sabe muy bien de las calamidades de la hermana nación pero que históricamente se ha hecho de la vista gorda, o más específico aun, que prefiere bajar la vista y tirar el problema para este lado de la isla. Un cuadro que por más que intenten las autoridades de salud dominicanas, nos mantendrá con bajas calificaciones en mortalidad materna ante los registros médicos internacionales, que solo analizan las cifras y no necesariamente las razones de las mismas.
Lo planteado por Abinader y sustentado en que el 29 por ciento de las camas de nuestras maternidades son ocupadas por parturientas del vecino país, habla en mayúsculas del alto costo económico que significa el respaldo humanitario históricamente hemos estado brindando a Haití.
De ahí la importancia de que el presidente dominicano haya aprovechado la lupa mundial que produce la vigésimo séptima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a efectuarse desde este martes hasta el miércoles en Andorra, para evidenciar la crudeza de la realidad que nos ha tocado enfrentar y la necesidad de que ya las potencias tomen cartas en el asunto.
Detonada por las injustificadas muertes de una pareja de esposos evangélicos a quienes una patrulla “confundió” durante una persecución, el presidente Luis Abinader ha dejado establecida su intención de transformar la Policía Nacional.
Un tema viejo, profundo y complejo que ha sido reclamado por la sociedad y que ha estado en la agenda del mandatario, que en los 240 días de su gobierno ha tomado acciones, como la eliminación de la Dirección Nacional Antinarcóticos y el traspaso de sus funciones a la Dirección Nacional de Control de Drogas en febrero pasado, que definen su propósito.
El retiro de 350 oficiales y la creación de una comisión con 21 notables para acompañar el proceso reformador, muestran, primero, el deseo de ajustar la PN a los requerimientos de la ley, y segundo, que todos los sectores de la sociedad estén representados.
A sus 85 años de vida la PN arrastra una serie de costras y comportamientos que han mellado no solo su eficiencia operativa, sino también su imagen y credibilidad institucional. Males que son impulsados por peligrosos grupúsculos a lo interno del cuerpo del orden, que boicotean cualquier intento de cambio, modernidad y transparencia, llegando, incluso, a hacer saltar del puesto a varios incumbentes. Una realidad de la que está consciente Abinader, quien no solo la ha advertido, sino que está dispuesto a afrontarla y enfrentarla a todo costo, riesgo y consecuencia. De ahí la importancia del apoyo ciudadano en esta cruzada que procura rescatar esa parte mayoritariamente buena de la PN de las mentalidades retrogradas que allí medran.