Una delegación de República Dominicana se encuentra en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, donde sostiene encuentros con legisladores y autoridades representantes de diferentes naciones de Europa, para exponer el impacto de la crisis de Haití en el país.
El Gobierno dominicano informó este miércoles en un comunicado que los miembros de esa delegación también tratan ante la Eurocámara las supuestas violaciones a los tratados fronterizos por la «construcción ilegal» por parte de Haití de un canal para tomar aguas del río Masacre o Dajabón, frontera natural en el norte de ambas naciones.
También se presenta ante los legisladores europeos el pacto nacional para la formulación de políticas públicas para enfrentar la problemática haitiana, firmado en octubre pasado por el Gobierno, varios partidos e intelectuales dominicanos, como parte de la dinámica de exposición ante la comunidad internacional de la «posición unificada» del liderazgo político y académico dominicano.
Ese pacto no fue rubricado por los tres principales partidos de oposición dominicanos.
La construcción del canal en el lado haitiano de la frontera norte ha causado una crisis entre los dos países que conforman la isla caribeña de La Española, ya que el Gobierno dominicano reaccionó con el cierre total de la frontera a mediados de septiembre, aunque un mes después flexibilizó esa medida.
Las autoridades dominicanas también suspendieron el otorgamiento de visados a los haitianos, la prohibición de la venta a estos de materiales de construcción y dispuso que aquellos que entrasen al país por la frontera para comercializar se sometan a un registro biométrico de sus datos personales.
Haití no se quedó de brazos cruzados y ha rechazado la reactivación de los mercados binacionales que se celebraban semanalmente entre ambos países, principalmente en la ciudad dominicana de Dajabón (noroeste), además de que ha continuado con la construcción del canal.
La situación de crisis ha llegado al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, tras la petición de ambos países, designó una comisión que investiga las respectivas posiciones.
El Pacto nacional para la formulación de políticas públicas para enfrentar la problemática haitiana establece que República Dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a procurar su pacificación y a asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo.
También, a «incentivar la institucionalización de Haití y a garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo».
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 2 de octubre pasado el envío de una fuerza multinacional para ayudar a la policía de Haití a enfrentar a las bandas armadas que controlan gran parte de la capital y otras partes el país, y que son responsables de centenares de asesinatos, violaciones, secuestros y otros crímenes.
Kenia es el país que liderará esa fuerza internacional, pero recientemente el Gobierno de ese país dijo que no enviará a sus policías a Haití hasta que reciba los 225 millones de euros que estima que costará su despliegue.