Por: César Duvernay
La decisión del gobierno dominicano de prohibir la entrada al país del expremier haitiano Claude Joseph, junto a una docena de líderes de bandas criminales del vecino país, ha generado el respaldo de personas y sectores que valoran la medida y la consideran como un acto de dignidad y soberanía.
Y es que la instrucción emitida por el presidente Luis Abinader es un derecho consagrado tanto en la Constitución de la Republica como en la Ley de Migración (285-04) que faculta al mandatario a impedir el ingreso de cualquier nacional extranjero que pudiera constituir algún tipo de amenaza contra la seguridad y los intereses de la patria.
En septiembre del año pasado Abinader reveló que los organismos de inteligencia del Estado tenían identificados cuales eran los cabecillas de los grupos delincuenciales y terroristas que mantienen en zozobra a Haití, por lo que la disposición era de esperarse.
De igual manera los dominicanos, que, en contraste con la indiferencia internacional, hemos sido los mejores amigos y vecinos de los haitianos, no podíamos seguir tolerando las provocaciones y actitud beligerante, irrespetuosa, insolente e irracional de Joseph, cuyos infundados y viscerales ataques rayaban hasta en el vulgar irrespeto a nuestro presidente.
El derecho internacional otorga a toda nación soberana la potestad para que, en virtud de su tranquilidad y conveniencia, decida a quien admite en su territorio; a quien le otorga o le retira un visado, o a hasta a quien declara persona No Grata. Por tanto, lo que Luis Abinader hizo era lo que se tenía que hacer para darnos a respetar, y desde hace mucho.