Por: Juan Taveras Hernández
Creo, sinceramente, que hay una trama contra el general Alberto Then y contra las reformas que impone el presidente Luís Abinader.
Estoy convencido que detrás de la muerte de tres ciudadanos a manos de la Policía Nacional después de haber sido apresados hay un plan en contra del actual director, mayor general Eduardo Alberto Then y del plan de reforma que impulsa el presidente Luís Abinader.
Los hechos, con un mismo patrón, no me parecen casuales, ni el atropello a una indefensa en presencia de su hija de cuatro años. Me resultan muy sospechosos, sobre todo sabiendo que, cuando algún grupo dentro de la propia Policía quiere deshacerse de un jefe, le tiran en los pies algunos muertos, atracos, etc., para hacerlo saltar, para que el presidente no tenga más opción que sustituirlo.
Me recordaba Julito Hazín, a propósito de un comentario que hice en la radio sobre el tema, que desde los tiempos de Neit Rafael Nivar Seijas y Enrique Pérez y Pérez, sustituidos tras los abusos realizados por la “Banda Colorá”, a comienzo de la década de 1971, esa práctica se viene produciendo.
El principal enemigo de un jefe policial es otro general que aspira al cargo por los cuantiosos beneficios que deja o dejaba. Casi todos los jefes policiales llegan pobres a la jefatura y salen millonarios, con apartamento de lujo, grandes fincas, villas espectaculares, muchos agentes para su seguridad y la de su familia, incluyendo, por supuesto, la amante.
Desde hace décadas la Policía Nacional ha sido un antro. Se producen pocos atracos, crímenes, robos, asaltos, drogas, donde no haya un agente de cualquier rango, involucrado. Es de todos sabido.
La seguridad ciudadana no está garantizada bajo la vigilancia y protección de la institución del orden público. La Policía, lejos de ser parte de la solución, es parte importante del problema. Garantizar la seguridad ciudadana sin producir cambios sustanciales en la Policía, es imposible. Y el presidente Luís Abinader lo sabe. Tanto lo sabe que ha invertido en la transformación de la Policía que se ha ganado la animadversión de muchos sectores, tanto dentro como fuera de la institución.
Los grupos internos acostumbrados al delito, a nutrirse del bajo mundo, no quieren una Policía correcta, garante de la seguridad ciudadana, no quieren una Policía que proteja vidas y propiedades, que sea un verdadero instrumento de paz y concordia.
“El árbol quiere la paz, pero el viento no lo deja”, dice un adagio chino. El presidente Abinader quiere otra Policía, pero sectores dentro y fuera de la propia Policía, no quieren cambios, quieren que siga siendo la misma policía trujillista, vestida de gris, con un Palacio que infunde terror, porque la cultura de que “el civil no es gente, continúa prevaleciendo junto con el ¡tránquelo! que mantiene el Ministerio Público y los jueces.
Creo, sinceramente, que hay una trama contra el general Alberto Then y contra las reformas que impone el presidente Luís Abinader.
Es verdad que la policía es un reflejo de la sociedad, violenta y despiadada, una selva en la que vivimos, pero eso es lo que debemos cambiar: el comportamiento social y policial.
Por eso el plan diseñado por el mandatario junto a un grupo de asesores y técnicos, va en la dirección correcta. Necesitamos una sociedad distinta, cierto, lo mismo que una policía distinta. Ciudadanos y agentes deben coadyuvar a un clima de convivencia pacífica donde unos y otros actúen apegados estrictamente a las leyes.
Tanto el general Then, el ministro de Interior, Jesús -Chu- Vásquez, como el presidente Abinader, junto a la comisión designada para la reforma, donde hay personas de la categoría de Servio Tulio Castaños Guzmán, el profesor Roberto Santana y el comisionado Pepe Vila, entre otros, están comprometidos seriamente con la reforma policial. ¡Y se hará cueste lo que cueste!
El gobierno anunció en rueda de prensa las medidas que se adoptarán en lo inmediato. El comisionado Pepe Vila Castillo las anunció en rueda de prensa. Me permito compartirla con los lectores.
1. La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas. Y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911 y de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
2. Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
3. La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
4. La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
5. La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
6. Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
7. Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
8. Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
9. Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
10. Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
● Gestión de crisis.
● Derechos Humanos.
● Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
11. Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
12. Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
13. Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos.
No hay espacio para impunidad.