Los trabajos de la comisión que revisa los procesos para la entrega de vehículos retenidos comienzan a surtir sus efectos en el centro conocido como el canódromo, donde a un mes de los conflictos surgidos durante una visita del defensor del pueblo los ciudadanos que asisten a buscar sus carros y motocicletas aseguran que desde entonces los servicios han mejorado en calidad y velocidad.
Los presentes, que entraban y salían sin esperar mucho en la puerta del centro de retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coincidieron en que el cambio de administración “agilizó las cosas”.
Por el momento, una comisión integrada por representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Digesett, examinan el estatus jurídico de todos los vehículos para posteriormente realizar una entrega “expedita” a los ciudadanos que muestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.
La comisión dijo que examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos retenidos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.