Los trabajos de la comisión que revisa los procesos para la entrega de vehículos retenidos comienzan a surtir sus efectos en el centro conocido como el canódromo, donde a un mes de los conflictos surgidos durante una visita del defensor del pueblo los ciudadanos que asisten a buscar sus carros y motocicletas aseguran que desde entonces los servi­cios han mejorado en cali­dad y velocidad.

Los presen­tes, que entraban y salían sin esperar mucho en la puerta del centro de reten­ción vehicular de la Direc­ción General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), coin­cidieron en que el cambio de administración “agilizó las cosas”.

Por el momento, una comi­sión integrada por repre­sentantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Interior y Po­licía (MIP), el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacio­nal de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Di­gesett, examinan el estatus jurídico de todos los vehí­culos para posteriormente realizar una entrega “expe­dita” a los ciudadanos que muestren la documenta­ción que los acredite como sus legítimos propietarios.

La comisión dijo que examinaría el estatus jurídico de todos los vehículos retenidos y se realizaría una entrega “expedita” a los ciudadanos que demuestren la documentación que los acredite como sus legítimos propietarios.