Es probable que la cantidad de dinero público involucrada en los principales casos de corrupción que ocupan la atención pública, como lo son Odebrecht y los operativos Antipulpo, Caracol y Coral, hagan parecer como robos de menor cuantía otros casos que si bien no pueden comparárseles en términos cuantitativos son un indicador de que el saqueo del erario fue a todos los niveles, y que la red de complicidades que la hizo posible es tan numerosa que espanta y sobrecoge, más que nada porque nos está mostrando de manera cruda y directa, como las verdades de la vida que más nos duelen, que esta sociedad anda mal de arriba hasta abajo y viceversa.
Hablo, por ejemplo, de la estafa contra el programa social “Quédate en Casa”, que involucra a 271 comercios de los que forman parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS), con la que se habría defraudado al Estado dominicano con la suma de RD$294 millones, una verdadera chilata.
Las investigaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) determinaron que una “mafia” de ciberdelincuentes operaba en complicidad con propietarios de comercios y empleados de la pasada gestión, que en los próximos días serán sometidos a la justicia acusados de lavado de activos, desfalco y asociación de malhechores, entre otros delitos.
Y aunque nos hemos familiarizado tanto con la corrupción de gran calado, la que envuelve cantidades de dinero tan grandes que cuesta imaginárselas, que ya perdimos la capacidad de asombrarnos y escandalizarnos, no puede pasarse por alto que exista tanta gente dispuesta a hacer lo mal hecho hasta por unas cuantas monedas, sin importarle que convertían en víctimas por partida doble a miles de familias a las que el Gobierno decidió asistir para que puedan sobrevivir a la pandemia, que al igual que los políticos se aprovecha de los más débiles y vulnerables.